Consideración inicial:
Los recursos energéticos de la nación indiscutidamente pertenecen a esta y están para beneficiar a sus ciudadanos y habitantes en general. Lo anterior, en ninguna circunstancia implica que el Estado y más precisamente el gobierno federal o empresas creadas y controladas por este, deban tener la exclusividad de la explotación.
Durante el siglo XX, los recursos petrolíferos y la producción de energía eléctrica requerían importantes cantidades de inversión pública para generar la base extractiva y de producción que en aquel momento de la historia del país no hubiera podido ser aportada sin el dinero procedente del Estado.
En pleno siglo XXI, con el declive del consumo de las energías fósiles, tecnologías accesibles y no contaminantes, así como en sentido contrario, enormes sumas de dinero requeridas para volver competitivas las empresas estatales, pretender sostener el paradigma de hace 100 años se vuelve inviable.
Situación actual:
La empresa petrolera estatal y su monopolio gráficamente demuestran el fracaso de esta línea de producción. Como ejemplo diremos que, en la franja geológica del Golfo de México que compartimos con Estados Unidos (primer productor y primer consumidor de petróleo del mundo) y la cual es idéntica en cuanto al subsuelo y yacimientos petrolíferos se refiere, existen más de 50 mil pozos en aguas someras y profundas, mientras que en el lado mexicano la empresa nacional nunca alcanzó los 600 en el mismo espacio.
Es indispensable reconocer que fue el modelo de explotación privada el que permitió a nuestro primer socio y vecino la enorme capacidad extractiva y de toda la cadena de comercialización que posee en materia petrolera. Es necesario también reconocer que fue la visión estatista la que dejó a México en el lamentable atraso en la producción que día a día reduce su volumen.
En materia de energía eléctrica, las plantas de ciclo combinado tienen precios altos en su producción derivada de la falta de insumos, lo que hace que en ocasiones se gaste dinero en exceso en la adquisición de estos, principalmente en gas congelado importado desde Asia. La llamada reforma energética, impulsada el sexenio pasado, si bien partía de la creación de un marco institucional más moderno creando organismos reguladores y permitiendo la participación del sector privado, era absolutamente insuficiente para garantizar una inmediata inversión que resolviera el rezago en tecnología e infraestructura que el sector reclamaba.
Lo que México requiere es un marco legal que genere certeza en los inversionistas y permita que dinero no gubernamental financie el desarrollo. En las economías avanzadas se cobran impuestos a la producción por barril o kilowatt por parte de ciudades, entidades y gobiernos federales sobre la comercialización del producto, lo que significa que la sociedad, a través del cobro de impuestos obtiene recursos sin invertir recursos públicos.
No es con una visión estatista, como la que hoy se plantea, que se volverán productivas empresas atadas a una administración y una visión que ya no las coloca en la vanguardia sino en el nicho restringido de prácticas poco sanas y hasta corruptas.
Propuesta:
En México Republicano proclamamos la urgente necesidad de impulsar por todos los medios sociales y del Estado, una cultura para el más amplio uso de la energía solar, eólica y otras renovables, y generar una junta multidisciplinaria que consiga explotar al máximo obteniendo inversión para la exploración y sustracción nuestros importantes recursos petrolíferos antes de que su depreciación los convierta en mercancía muerta.
Estableceremos una comisión de análisis energético para realizar estudios, obtener información y difundirla entregando sus resultados a todo el sector.
LIBERTAD, GRANDEZA Y FUERZA.